Pablo Zamorano
La Confederación Sindical Internacional (CSI) publicó la 13ª edición del informe Índice Global de Derechos 2026, un documento anual que evalúa la situación clasificando a los países según el respeto a los derechos de los trabajadores. Es importante aclarar que el presente documento elaborado por esta entidad internacional es de gran importancia para los históricos objetivos del Incasur. Una herramienta indispensable para la formación sindical y para dar a conocer la situación de los trabajadores y sus organizaciones a lo largo del mundo.
El Índice Global de los Derechos se publica anualmente desde 2014 y es el estudio más completo de su tipo. Su objetivo es visibilizar y denunciar la violación de los derechos laborales en todos los países del mundo, así como describir la situación del mundo del trabajo. Su rigor metodológico es lo que le otorga su importancia y credibilidad: investiga si la legislación de cada país viola los estándares internacionales y recopila datos sobre prácticas represivas o violaciones a los derechos laborales. Con esos datos elabora un indicador por puntajes que clasifica a los países en función de la cantidad de violaciones a los derechos sindicales que comete cada Estado.
El informe describe que el mundo está sufriendo un "golpe de Estado de los multimillonarios contra la democracia". Una élite de personas muy ricas, en connivencia con líderes políticos autoritarios y de extrema derecha, está orquestando un ataque global y frontal a los derechos laborales para concentrar aún más la riqueza y el poder. Establece una situación alarmante sobre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, que están sufriendo un deterioro significativo, el cual se asienta en una estrategia de las élites económicas y los gobiernos neoliberales que pretenden silenciar la disidencia y afianzar y profundizar las desigualdades.
Las tendencias más alarmantes son el aumento de la represión, las violaciones a la libertad de expresión y reunión, y el aumento de casos de agresiones violentas contra trabajadores. La criminalización de la organización y de la protesta, el aumento de las violaciones de las libertades democráticas, y los arrestos y detenciones de sindicalistas son otros elementos mencionados. Señala con preocupación el uso creciente de nuevas tecnologías y la vigilancia digital para controlar y disciplinar a los trabajadores. También el deterioro del diálogo social: los gobiernos no fomentan u obstruyen los mecanismos de consulta, debate y diálogo con las organizaciones gremiales en sus intentos de reformar las legislaciones laborales.
Oriente Medio y Norte de África sigue siendo la peor región. En la totalidad de los Estados de la región se violan los derechos a la negociación colectiva, a la libertad de asociación y al registro de sindicatos. Asia-Pacífico se caracteriza por una represión estatal sistemática, la criminalización del activismo laboral y los obstáculos al registro de sindicatos. Por su parte, África muestra una mejora en las condiciones de la situación de los trabajadores y sus organizaciones, pero predominan la represión de huelgas, la violencia policial, los despidos ilegales y el hostigamiento a sindicalistas.
Las Américas registra su peor puntuación histórica debido a un marcado deterioro de los derechos laborales y de las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, impulsado por el empeoramiento de Argentina y Panamá. Sigue siendo la región más peligrosa para la vida de los sindicalistas (con asesinatos en Colombia y México). Mientras tanto, Europa también registra su peor puntuación media desde 2014. Se observa un aumento en las restricciones al derecho de huelga, el debilitamiento del diálogo social y las represalias legales contra sindicalistas.
El informe detalla las tendencias mundiales: el ataque a dirigentes sindicales con intimidación, violencia, detenciones arbitrarias, acusaciones falsas, criminalización, deportaciones, exilios forzados y asesinatos. Por otro lado, la proliferación de la vigilancia digital: los gobiernos y empresas usan IA, análisis de redes sociales y otras tecnologías para acosar a activistas, rastrear actividades sindicales y suprimir sus publicaciones y contenidos. El informe cuantifica la violación del derecho de huelga, de la negociación colectiva, de la libertad de asociación, del registro de sindicatos, del acceso a la justicia, y de la libertad de expresión y reunión. Por último, ante la falta de diálogo y debate social, los gobiernos neoliberales están reformando leyes laborales sin consultar a los sindicatos, erosionando la negociación colectiva y eliminando derechos y conquistas laborales históricas.
El Índice 2026 concluye que los trabajadores y sus sindicatos no solo luchan por mejores salarios o condiciones laborales, sino que se han convertido en la primera línea de defensa de la democracia misma. La solidaridad internacional se presenta como la única vía para revertir este avance de las derechas sobre las libertades democráticas y construir un futuro más justo.
En referencia a Argentina, puntualiza la grave situación económica y social de los trabajadores, detallando que es uno de los casos más negativos del informe. El país ha empeorado por segundo año consecutivo, lo que lo sitúa por primera vez en su historia entre "Los 10 peores países del mundo para los trabajadores". El informe responsabiliza directamente al gobierno del presidente de extrema derecha, Javier Milei, por liderar un "programa radicalmente antisindical y antiobrero" y un "ataque concertado contra los sindicatos".
Señala que ha pasado de la categoría 3 a la 5 "en apenas dos años", un retroceso "brusco y sin precedentes". Puntualiza expresamente que, "al tiempo que Argentina recuerda los 50 años del golpe de Estado de 1976... el atentado de Milei contra los derechos y las protecciones de los trabajadores y las trabajadoras ha desencadenado una regresión en el ámbito de los derechos laborales que evoca algunos de los capítulos más oscuros del país".
Califica a la reforma laboral como un "ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores". El informe dice que el gobierno trata el trabajo como "un mero coste que hay que minimizar", que esta normativa es un ataque directo contra las organizaciones sindicales y contra el derecho a huelga, y que esto "socava la capacidad de los trabajadores para negociar condiciones justas". Asimismo, destaca que es una regresión de las conquistas y derechos laborales de los trabajadores argentinos.
Describe cómo las autoridades han interferido en los asuntos sindicales y han llevado a cabo despidos masivos de carácter antisindical. Milei eliminó "decenas de miles de puestos de trabajo en el sector público" como parte de sus medidas de austeridad impulsadas por motivos ideológicos. También describe la represión a las protestas, las persecuciones a las organizaciones, militantes y líderes sindicales, las restricciones a la libertad sindical, de organización y de acción, y la violencia ejercida contra los jubilados.
El diagnóstico de la CSI sobre Argentina es lapidario: el país ha caído al abismo de los derechos laborales en tiempo récord. La combinación de reformas regresivas, una violenta represión de las protestas, despidos masivos antisindicales y una clara política de hostilidad del Estado hacia los sindicatos ha hecho retroceder al país a una situación comparable a la de las dictaduras más opresivas en materia de derechos de los trabajadores. Por esta razón, se lo incluye sin dudas en el grupo de los 10 peores países del mundo para trabajar.
El informe es un termómetro global de la salud democrática y de los derechos laborales. Su importancia radica en que demuestra, con datos y ejemplos concretos, una correlación directa entre el ataque a los derechos de los trabajadores y el retroceso de la democracia. También resalta que la degradación de los derechos y de las condiciones sociales y económicas de los trabajadores es un fenómeno global.
Puntualiza que estamos ante un "Golpe de Estado de los Multimillonarios", una tendencia global donde líderes políticos y gobiernos de extrema derecha, apoyados por élites económicas, están utilizando el poder para desmantelar las libertades civiles y los derechos laborales, concentrando aún más la riqueza.
Para los trabajadores, los sindicatos y las organizaciones internacionales, este índice es una hoja de ruta y una herramienta de análisis y conocimiento sobre la situación global del mundo del trabajo. Un insumo esencial para la acción, la organización, la ejecución de políticas, guiar decisiones y acciones, y señalar claramente a los gobiernos que violan sistemáticamente los derechos en el trabajo.
Por su importancia para la formación que tiene el conocimiento de este instrumento para los trabajadores y sus organizaciones, el Incasur considera indispensable la divulgación de este Índice Global de Derechos 2026.