Es falso que la sanción de esta ley de Reforma Laboral persiga el aumento del empleo y la puesta en blanco de trabajadores informales.
Sabemos bien que no es disminuyendo derechos de las y los trabajadores ni retrotrayendo el marco legal a épocas cercanas a la servidumbre o a la esclavitud, como se mejora este proceso. Los graves problemas de pobreza, desempleo, precarización y continuo deterioro de la situación social en Argentina, no son derivados de las leyes que rigen el universo laboral, sino que son consecuencias directas de la falta de crecimiento y de inversión productiva en las macro y micros políticas económicas nacionales. La Confederación General del Trabajo llevará adelante una presentación judicial porque esta ley de reforma, mal llamada de “modernización”, significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales. Sobre todo el principio de progresividad (o no regresividad) y el principio protectorio del derecho del trabajo, ambos con fundamentos constitucionales e internacionales (como el Pacto de San José de Costa Rica):
- Principio de Progresividad (o No Regresión): que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos.
- Principio Protectorio: que se basa en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, que busca restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la protección de la parte débil que es la del trabajador.
Aquí se afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, entre otros ítems.
Esta reforma admite:
- Jornadas de trabajo de hasta 12 horas, fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario.
- Eliminar sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y trasgredieron la ley.
- Disponer que las indemnizaciones por despidos se paguen en cuotas y se hagan a través del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), costeando los despidos con aportes de los propios trabajadores, desfinanciando la Seguridad Social y convalidando una brutal transferencia de recursos públicos hacia administradores privados particulares.
- No reconocer las nuevas formas de trabajo, ni las nuevas modalidades tecnológicas que intervienen.
- Reducir los aportes a las Obras Sociales, dañando la cobertura y el financiamiento del sistema de salud.
- Afectar el derecho efectivo al descanso, fraccionando de manera unilateral las vacaciones.
- Habilitar los convenios por empresa, degradando la negociación paritaria.
- Recortes a la libertad sindical: coartar asambleas y recortar la protección sindical con el pertinente debilitamiento colectivo.
- Limitar el derecho a la protesta, restringiendo el derecho de huelga.
- Aparta del acceso al servicio de justicia laboral, tanto a las y los trabajadores como a sus organizaciones gremiales, a través del traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo desde el ámbito nacional a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Todos estos perjuicios, entre otros, no son efectos colaterales de una decisión aislada, sino que resultan consistentes con la implementación del programa económico-social que lleva adelante el gobierno nacional, cuyo diagnóstico de situación es grave y evidente:
- 11 de las 14 ramas de actividades que representan a la totalidad de trabajadores del sector privado presentaron datos negativos en estos dos años de gestión.
- Como consecuencia, sumando tanto a asalariados como a los no asalariados, en los primeros dos años de este gobierno se perdieron más de 300.000 empleos.
- Aumento de la desocupación.
- Cierre incesante de empresas, industrias PyMes y comercios.
- Pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
- Caída de la inversión bruta interna.
- Caída de la actividad, caída del consumo, caída del turismo, caída de la recaudación.
- Alarmante endeudamiento externo.
- Endeudamiento en dólares de gobiernos provinciales para gastos corrientes.
- Endeudamiento (y morosidad) familiar para compra de alimentos y/o servicios básicos.
- Incumplimiento en el pago de los créditos bancarios.
Y un largo etcétera. Paralelamente, persiste una alta tasa de inflación ascendente y los índices de precios al consumidor continúan su escalada.
La CGT, coherente con su compromiso doctrinario, asume su responsabilidad histórica resistiendo y rechazando por todos los medios a su alcance esta reforma regresiva y perniciosa. En la calle, como lo hemos hecho con 12 movilizaciones multitudinarias y con 4 paros generales (que ocasionalmente permitieron corregir y suspender los efectos negativos derivados de la ley ómnibus del DNU 70/2023 —entre ellos, una reforma laboral de facto—; viabilizando, además, la sanción de la ley de discapacidad y de financiamiento educativo), en las instancias institucionales, con sus distintas representaciones ejecutivas, legislativas y sociales; y en la Justicia.
La CGT se ha mantenido persistente en la defensa de las y los trabajadores y de sus organizaciones. Porque, conviene recordarlo, la CGT no gobierna ni gobernó, no definió la estrategia electoral que condujo a la derrota política en las presidenciales del 2023, no participó del armado de las listas legislativas, no conduce el Estado, ni las políticas económicas ni la macroeconomía, no diseñó la política fiscal ni la del Banco Central, la CGT no emitió ni avaló la toma de deuda externa, no vota leyes, no firma privatizaciones.
Por todo esto, es preciso poner en valor a las organizaciones sindicales y a las y los dirigentes que componen la CGT, que es la única instancia que ha quedado en Argentina, a la fecha, con capacidad de movilización y de respuesta, amparando los derechos colectivos e individuales en los Convenios Colectivos de Trabajo y defendiendo el salario de la pérdida de su poder adquisitivo.
Es una hora que llama a la participación genuina. En la convicción de que la dignidad del trabajo sigue siendo una construcción colectiva, que frente a estos programas del “sálvese quien pueda” que expulsan la noción misma de comunidad y que pretenden romper la experiencia solidaria del trabajo como un sistema humano e intercambio y colaboración, conspirando contra la paz social, el bien común y contra la misma idea de libertad, debemos oponerle —más que nunca— unidad, firmeza, compromiso, imaginación, creatividad.
REAFIRMANDO CON TODA NUESTRA FUERZA, UNA VEZ MÁS, QUE NO HAY LIBERTAD SIN JUSTICIA SOCIAL. CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL